El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, precisó este martes que las 14 licencias emitidas por Estados Unidos (EE.UU.) desde el 3 de enero representan un permiso temporal y condicionado. Durante una entrevista exclusiva a teleSUR, el funcionario explicó que este alivio gradual no significa el levantamiento del bloqueo económico que aún pesa sobre la nación suramericana.

Las licencias recientes constituyen una medida pragmática diseñada para flexibilizar y aliviar el impacto del bloqueo económico sobre el país. Este mecanismo permite normalizar las operaciones financieras internacionales a través de la banca pública de Venezuela, facilitando transacciones que anteriormente se encontraban restringidas.

El funcionario subrayó que contra el país se mantienen 1.040 medidas coercitivas activas de un total de 1.088 sanciones impuestas por EE.UU. y otras naciones imperialistas.

Más allá de sus tecnicismos específicos, estas autorizaciones crean un marco general que otorga mayor libertad operativa a las empresas interesadas en invertir en Venezuela. De este modo, se logra mitigar los efectos de las sanciones y se dinamiza el intercambio comercial con el resto del mundo bajo un entorno de mayor movilidad financiera.

El funcionario venezolano enfatizó que estas autorizaciones son limitadas. «Las licencias son un permiso temporal, además, muy condicionado», afirmó Castillo sobre las restricciones que persisten en los textos legales de Washington.

Alcance de las licencias 56 y 57

Castillo detalló que este martes se habilitaron dos nuevas licencias, sumando un total de 14 medidas de flexibilización en lo que va de año.

La Licencia General 56 autoriza a empresas de EE.UU. a participar en negociaciones comerciales formales con el Gobierno de Venezuela. Castillo mencionó que esto permite la participación en licitaciones internacionales, como las previstas para la reforma y ampliación del sistema eléctrico nacional en los próximos meses.

Las compañías podrán firmar contratos preliminares, cartas de intención y desarrollar proyectos iniciales. «Es una ventana importante para activar negocios en Venezuela y para dinamizar la economía», afirmó

Por su parte, la Licencia General 57 tiene un carácter financiero y permite a empresas estadounidenses o relacionadas tener vínculos con el Banco Central de Venezuela (BCV) y los tres principales bancos públicos: Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro.

Castillo señaló que esta medida busca normalizar el trato comercial, permitiendo que el BCV reciba y pague divisas. «Es una medida pragmática que flexibiliza y alivia y permite ir normalizando las operaciones financieras a través de la banca», indicó, refiriéndose al bloqueo operativo que sufrían estas instituciones desde 2017.

El Decreto de Obama y la exigencia nacional

El Viceministro reiteró que la estructura del asedio permanece intacta mientras no se derogue el marco jurídico inicial. Castillo aclaró que para levantar las sanciones bastaría con que, en marzo del próximo año, EE.UU. no renueve la orden ejecutiva emitida por el expresidente Barack Obama, mediante la cual se califica a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria».

«Las órdenes ejecutivas siguen vigentes porque están montadas sobre ese decreto. Si no se renueva, el andamiaje de las sanciones pierde su base legal y cae por su propio peso», explicó.

Este contexto de apertura técnica coincide con gestos políticos recientes, como el retiro de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de la lista de personas sancionadas por la OFAC. En un encuentro con una delegación de energía de EE.UU., la mandataria ratificó que el esquema de permisos temporales no sustituye el derecho a la libertad económica.

Rodríguez exigió el levantamiento absoluto de las medidas coercitivas para garantizar la seguridad de proyectos de gran escala, sentenciando que «una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo porque está sujeta a temporalidad».

Finalmente, Castillo anunció que a partir del 19 de abril iniciará una gran peregrinación nacional donde todos los sectores económicos y sociales del país pedirán, de forma unificada, el fin definitivo de las sanciones.

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